Fernando VII: Absolutismo y liberalismo. La emancipación de la América española.

El Sexenio Absolutista (1814-1820)

Mediante el tratado de Valençay (diciembre de 1813) Napoleón devolvía la Corona de España a Fernando VII, el cual regresaba al país en marzo de 1814. Las Cortes habían dictado órdenes confidenciales con el fin de garantizar su viaje directo a Madrid para jurar la Constitución, ante los indicios de que pudiera negarse. Pero las órdenes de las Cortes fueron desobedecidas. Recibido con entusiasmo por dondequiera que pasaba el monarca decidió dirigirse a Valencia, allí recibió el apoyo del general Elio y una parte del Ejército, además de nobleza, clero y del pueblo llano al grito de “¡Viva el Rey! ¡Muera la Constitución!”.

El apoyo de la nobleza y el clero absolutista se expresó en el documento que en Valencia había entregado al Rey un centenar de diputados, el Manifiesto de los Persas. En él se reclamaba la vuelta al sistema del Antiguo Régimen y a la situación de mayo 1808. Se revindicaba el carácter ilimitado del poder del Rey y su origen divino, defendiendo la Alianza del altar con el trono.

Fernando VII el 4 de mayo dictó en Valencia un Real Decreto por el que suprimía las Cortes, declaraba nula toda su actuación y abolía la Constitución y toda la legislación realizada por la Cámara. Paralelamente el general Eguía era enviado a Madrid con orden de tomar la sede de las Cortes y proceder a detener a regentes, ministros y diputados. El 10 de mayo enraba el Rey en Madrid entre el clamor popular. Se trató de un auténtico golpe de Estado.

Las primeras medidas del Rey se encaminaron a satisfacer las reclamaciones de quienes apoyaron el golpe. El decreto del 4 de mayo eliminó la soberanía nacional. También quedaron derogadas la Constitución de Cádiz y la legislación ordinaria “como si no hubiese pasado jamás tales actos y se quitasen de en medio del tiempo”, así se anularon las medidas desamortizadoras, los inicios de reforma fiscal o la libertad de imprenta. Se restituyeron los privilegios de la nobleza y de la Iglesia. Se restablecía el Tribunal de la Inquisición y la Mesta, y se permitía incluso el retorno de la Compañía de Jesús.

Se procedió a la detención y juicio tanto de los afrancesados como de los liberales, acusados de traición y conspiración contra el Rey. Como los tribunales no pudieron concretar las acusaciones, no establecidas como delito en la legislación del Antiguo Régimen, fue el propio Monarca el que tuvo que dictar sentencia, normalmente de destierro y confiscación de propiedades para los ministros, consejeros, militares y funcionarios que habían colaborado con la administración de José I. Y prisión o destierro y confiscación de bienes, para 51 diputados, ministros o regentes liberales encarcelados de los cerca de 100 que habían sido procesados. Otros muchos habían conseguido huir. Mientras que en 1818 Fernando VII atenuó las medidas contra los afrancesados y restituyó sus propiedades a los familiares, la persecución contra los liberales se mantuvo hasta 1820. De todas formas el Rey tan solo excluyó de las medidas represoras a aquellos funcionarios que habían jurado fidelidad al nuevo monarca para mantener sus empleos, como fue el caso de Francisco de Goya.

Fernando VII gobernó mediante sucesivos ministerios, en permanente inestabilidad política ante la falta de coherencia en la línea a seguir y la incapacidad de los consejeros del Rey para gobernar. El auténtico gobierno en la sombra lo constituía la camarilla, formada por los hombres de confianza del Rey que se repartían puestos, prebendas y privilegios, como por ejemplo Antonio Ugarte. El resultado fueron seis años caóticos de Gobierno, crisis económica y desastres coloniales.

Una serie de graves problemas acabó por dar al traste con el régimen absolutista. En primer lugar se produjo una caída de los precios gracias a una racha de buenas cosechas. El país estaba arruinado tras cinco años de guerra, con un mercado nacional que seguía siendo inexistente y un comercio colapsado por el hundimiento de la producción industrial y la pérdida del mercado colonial. Esta situación coincidió con una serie de factores que agravaron la situación en el campo, como la restitución de los bienes a la nobleza y a la Iglesia o la vuelta de la Mesta, además del restablecimiento de los derechos jurisdiccionales. Todo esto explica por que los campesinos apoyaron el pronunciamiento de 1820.

El descontento no se limitó al campo y se extendió también entre los grupos sociales urbanos a causa de la represión política, el hundimiento económico, la pérdida del comercio, pero sobre todo debido al aumento del paro.

Pero el principal problema de los débiles Gobiernos fernandinos fue la quiebra financiera del Estado. Los ingresos medios eran de 650 millones de reales anuales, mientras que los gastos en el mismo periodo de tiempo eran de 850, más la amortización de una deuda que ascendía a 12.000 millones. Todos los ministros fracasaron en el intento de recuperar a la Hacienda de tal situación.

Una institución especialmente sensible fue el Ejército, el retraso en el pago de las soldadas, las malas condiciones de vida, en los cuarteles y sobre todo el envío de tropas a América.

Poco a poco se reorganizó el movimiento clandestino liberal. Surgieron círculos revolucionarios y sociedades masónicas secretas en las principales ciudades y entre los oficiales. Se sucedieron pronunciamientos y conspiraciones, el primero protagonizado por Espoz y Mina en 1814, el general Porlier en 1815, la conspiración de Richard en Madrid para asesinar al Rey en 1816, la de los generales Lacy y Milans del Bosch en Barcelona en 1817, la del general Vidal 1819 y la conjura del Palmar en 1819.

Finalmente, el pronunciamiento del comandante Rafael de Riego, jefe de las tropas expedicionarias acantonadas en Cabezas de San Juan para ser enviadas a América, el 1 de enero de 1820 tiene éxito y recibe el apoyo popular necesario para triunfar, restaurándose la Constitución de Cádiz.

El Trienio Liberal (1820-1823)

Pasaron dos meses entre el pronunciamiento y el triunfo del liberalismo. El movimiento triunfó gracias al apoyo de otras guarniciones y sobre todo a la irritación campesina. Finalmente Fernando VII tuvo que jurar la Constitución de Cádiz el 7 de marzo.

El periodo del Trienio se caracterizó por la inestabilidad gubernamental debida a la propia división de los liberales, por un lado los doceañistas, partidarios de un Gobierno fuerte , un sistema de doble cámara, una libertad de prensa limitada, sufragio censitario y la defensa de la propiedad y el orden social. Representaban a la burguesía y a los diputados provenientes del exilio, como Francisco Martínez de la Rosa. Por otro lado los exaltados, jóvenes, radicales y partidarios de llevar al límite el desarrollo de la Constitución: Cámara única, sufragio universal, completa libertad de opinión y marcadamente anticlericales. Actuaban en los clubes y Sociedades Patrióticas. Eran abogados, intelectuales o jóvenes oficiales, como Rafael de Riego. Estos se hicieron con el poder en 1822.

Una segunda fuente de inestabilidad la constituyó la actitud reaccionaria del Rey. Nombrando ministros absolutistas, haciendo amplio uso del derecho de veto y sobre todo a la traición de pedir secretamente una intervención extranjera a los miembros de la Santa Alianza.

A esta inestabilidad gubernamental se sumó la presión en la calle, se produjeron levantamientos y focos guerrilleros en el Norte. Se sucedieron continuas manifestaciones, algaradas en las calles y en locales públicos (cafés, teatros), con enfrentamientos entre partidarios radicales y las fuerzas militares. La proliferación de prensa exaltada, las canciones populares y la sátira florecieron en un clima de intolerancia hacia los llamados serviles.

A lo largo de estos tres años las Cortes aprobaron una legislación reformista que tenía la intención de acabar con el Antiguo Régimen.

· Supresión de la vinculación de la tierra en todas sus formas, mayorazgo, tierras eclesiásticas y comunales.

· Desamortización de bienes de propios y baldíos, para amortizar deuda y compensar a los militares retirados. Fue un fracaso, ya que las tierras fueron a parar a manos de grandes propietarios y se recaudó menos de lo esperado.

· Desamortización eclesiástica: tierras de conventos, que casi no hubo tiempo de llevarla a la práctica.

· Reducción del diezmo a la mitad. Consiguiendo el rechazo de la Iglesia y el descontento campesino.

· Establecimiento de una contribución directa sobre la propiedad que debía aplicarse a partir de 1822.

· Restablecimiento del decreto de 1813 que declaraba la libertad de contratación, explotación y comercialización de la producción agraria, que produjo un aumento de los arrendamientos.

Las consecuencias de esta política fueron negativas, al no mejorar la situación campesina, consolidar la gran propiedad y en definitiva consiguió el alineamiento del campesinado a favor de la reacción absolutista.

La política religiosa estuvo marcada por el anticlericalismo y la defensa visceral del poder del Estado. Se exigió a los clérigos el juramente de la Constitución y el estudio de la misma en las escuelas, así como su explicación desde los púlpitos. Volvieron a suprimirse el Tribunal de la Inquisición y la Compañía de Jesús. Pero la medida más importante fue la Ley de Supresión de Monacales, que disolvía todos los conventos regulares, salvo los ocho de mayor valor histórico y artístico, las órdenes pasaban a depender de los obispos, se prohibía aceptar nuevos novicios y se desamortizaban sus bienes para amortizar la deuda. La consecuencia de toda esta legislación fue el enfrentamiento con la Iglesia.

Otro aspecto de la legislación reformista fue la reorganización militar y policial. La Ley Orgánica del Ejército establecía su subordinación al poder civil, una mejor instrucción, un sistema de ascensos más ágil, una mejora en los sueldos y el principio de desobediencia a toda orden que tendiera a atentar contra el orden constitucional. Se restablecía la Milicia Nacional. La Ley de Orden Público establecía garantías para la defensa del nuevo orden Constitucional. La consecuencia de todo ellos fue la legitimación de la participación del Ejército en la vida política.

La reforma educativa se abordó a través del Reglamento General de Instrucción Pública, que establecía la secularización de la enseñanza como principio, la centralización del sistema educativo, su extensión gradual, su ordenación en tres niveles (primaria, secundaria y primaria), y la regulación de la enseñanza privada. Prohibía los castigos corporales y la educación mixta.

El problema de la Hacienda se afrontó asumiendo la deuda del Gobierno anterior. Se procedió a una devaluación y a un recorte de los gastos y posteriormente se suscribieron créditos en el extranjero para invertir en obras públicas. El sistema definitivo que debía entrar en vigor en 1823 se basaba en la Contribución Territorial única y Directa, un impuesto sobre la propiedad de la tierra, y en los llamados consumos o impuestos indirectos.

El fracaso del Trienio se precipitó en realidad por la acción del movimiento contrarrevolucionario que actuó en torno a la figura del Rey. En 1822 se produjo un intento de golpe militar por parte de la Guardia Real, que fue sofocado por el Ejército y la Milicia Nacional. Fue entonces cuando los exaltados se hicieron con el Gobierno dirigidos por Evaristo San Miguel. Otro intento fueron las guerrillas que se formaron en el Norte desde 1821. Se formaron varias regencias al otro lado de los Pirineos y en la primavera de 1822 las tropas realistas tomaron Urgell. EL Ejército de Cataluña mandado por Espoz y Mina consiguió recuperar la localidad tras seis meses de combates.

El golpe definitivo se produjo tras el Congreso de Verona de 1822, donde las potencias de la Santa Alianza acordaron intervenir en la Península. Un ejército francés al mando del duque de Angulema, los Cien Mil Hijos de San Luis, junto a 35.000 voluntarios realistas entraron en España en abril de 1823, en octubre liberaban al Rey en Cádiz devolviéndole su poder absoluto.

La Década Ominosa (1823-1833)

La llamada por los liberales década ominosa está presidida por la vuelta atrás, el retorno del absolutismo, la represión y el terror frente a los liberales, la inoperancia económica y las presiones de los ultrarreaccionarios.

Ya desde la entrada de los franceses se formaron primero una Junta Provisional y, semanas después, una Regencia. Las medidas tomadas, que serán luego ratificadas por Fernando VII, tuvieron como doble objetivo, la vuelta al Antiguo Régimen y la represión indiscriminada de los liberales. Entre esas medidas destaca, la restitución de los ayuntamientos de 1820, la revocación de todos los nombramientos y ascensos civiles y militares producidos durante el Trienio, la restauración del sistema fiscal tradicional, el restablecimiento del diezmo y la disminución del subsidio que la Iglesia pagaba al Estado, la anulación de las desamortizaciones y de la supresión de las órdenes monásticas y la restauración del régimen jurisdiccional. Fernando VII en su decreto de 1 de octubre, ratificó todas estas medidas y declaró nula toda la legislación del Trienio.

En el Ejército se organizaron Comisiones Militares, que procesaron a todos los oficiales que desempeñaron papeles importantes durante el Trienio, de 1.094 casos se ejecutó a 132 de ellos, incluido Rafael de Riego, y se envió a 435 a prisión. Las Juntas de Purificación fueron las encargadas de depurar a todos los funcionarios, empleados públicos y profesores de tendencia liberal. Su acción fue rigurosa, suspendiendo de sueldo a los sospechosos y emprendiendo una auténtica caza de brujas, que condenó a muerte, a la cárcel y a la expropiación a miles de personas que habían colaborado con los Gobiernos del Trienio. Muchos optaron por el exilio.

En cuanto a la Inquisición, fue sustituida por Juntas de Fe, que se encargaron de vigilar todas las publicaciones y opiniones para evitar cualquier propaganda liberal.

Además se creó el Voluntariado Realista, que integrado por absolutistas sustituyeron a la Milicia Nacional y actuaron agudizando la represión por su cuenta. Por otro lado Fernando VII pidió la permanencia de las tropas francesas.

Hasta 1825 la represión fue durísima. El ministro de Justicia desde 1824, Calomarde, desempeñó un papel protagonista y la persecución política continuó hasta 1828 afectando a cerca de 80.000 personas.

La vuelta al absolutismo no fue, sin embargo, idéntica a la de 1814. Se empezó por crear el Consejo de Ministros en noviembre de 1823. Se emprendió una fuerte restricción de gastos y se introdujo un presupuesto formal. Se mantuvo la definitiva abolición de la Inquisición, y en conjunto, Fernando VII intentó mantenerse alejado de los absolutistas más radicales, contando incluso con algunos ministros como Cea Bermúdez o López Ballesteros.

La crisis económica continuó agravándose. En la agricultura, por la persistente caída de los precios, la vuelta de la Mesta, la presión fiscal y la falta de mercados. Se aprobó la Ley de Minas, intentando impulsar la producción. Pero sólo la industria textil catalana apunta en estos años un ligero crecimiento. En cuanto al comercio, el hundimiento del mercado colonial supuso un auténtico mazazo. En 1829 se aprobó el Código el Comercio y en 1831 se creó la Bolsa. Pero el Gobierno se mostró incapaz de abordar el problema de la Hacienda, aunque López Bravo consiguió que se disminuyeran los gastos y que los ministerios se atuvieran a un presupuesto durante esos años. El Tesoro se mantuvo durante esos años gracias a los préstamos exteriores. En conjunto, en 1830 la deuda no había sido amortizada más que en un 7% mientras que se había multiplicado por siete la deuda exterior. La bancarrota era poco menos que inevitable.

Todo ello, pese a no ser más que tibias reformas, provocó levantamientos realistas y generó la reivindicación del trono para el hermano del Rey, el infante don Carlos. Los realistas comenzaron a criticar la obra de gobierno del Rey. Poco a poco los realistas fueron radicalizando sus posturas y comenzaron a apoyar a Carlos María Isidro que conspiraba abiertamente por la Corona. Tras la aparición de un Manifiesto de los Realistas Puros en 1826 que apoyaba el relevo en el Trono en 1827 estalló una insurrección general en el Pirineo catalán, la Guerra de los Agraviados. La gravedad de la situación hizo que el propio Rey a viajar a Cataluña. Era el comienzo del carlismo.

Aún así continuaron produciéndose conspiraciones liberales, Espoz y Mina desde el Norte y la del general Torrijos que será ejecutado en Málaga.

El final del reinado se vio marcado por la cuestión sucesoria. Fernando no tenía descendencia pese a sus tres matrimonios previos, así que en 1829 se casó con su sobrina María Cristina de Borbón, que a los pocos meses queda embarazada planteando el problema sucesorio. Los absolutistas moderados aliados con los liberales y sectores de la aristocracia partidaria de las reformas políticas y económicas apoyaron a la nueva reina, en quien veían la única posibilidad de cambio. Por otro lado los absolutistas intransigentes se alineaban con don Carlos.

Fernando VII promulgaba el 29 de marzo de 1830 la Pragmática Sanción que eliminaba la Ley Sálica y restablecía la línea sucesoria de las Partidas. Significaba poner en vigor una decisión aprobada por las Cortes de 1789, lo que, si bien era legal desde el punto de vista jurídico, no dejaba de ser una medida polémica. Protestada por los carlistas como un atentado contra los derechos de infante don Carlos, se convirtió en un conflicto de primera magnitud cuando en octubre nace la infanta Isabel, convertida en heredera.

En septiembre de 1832 se van a producir los sucesos de la Granja, cuando sucesivas intrigas palaciegas, ante el lecho del Rey agonizante, consiguen que Fernando firme la supresión de la Pragmática. Pero, sorprendentemente el Rey se restablece y vuelve a ponerla en vigor. Inmediatamente destituye a los principales ministros carlistas, defenestrando a Calomarde y sustituyéndole por Cea Bermúdez, al tiempo que la reina María Cristina es autorizada a presidir el Consejo de Ministros. Rápidamente de decreta la reapertura de la Universidades, cerradas desde 1830 por Calomarde, y se decreta una amnistía general, que libera a los presos políticos y permite la vuelta de los exiliados. Los capitanes generales más intransigentes fueron sustituidos por mandos fieles a Fernando VII y en abril Carlos abandona la Corte y se traslada a Portugal.

Finalmente Fernando VII muere en septiembre de 1833, tras ella el Manifiesto de Abrantes provocará una Guerra Civil que no terminará hasta 1840.

La emancipación de la América española

Los orígenes del independentismo americano se remontan al siglo XVII, por un lado la difusión de las ideas de la Ilustración, por otro el ejemplo de la independencia de las 13 colonias y sobre todo por la propia estructura social de las colonias americanas. Los criollos controlaban las haciendas y las plantaciones, así como gran parte de la producción manufacturera y casi todo el comercio, que si bien se había ampliado a todos los puertos españoles desde 1778 aún excluía el comercio con otras naciones. Este grupo que representaba entre un 10 y un 15% del total de la población controlaba la casi totalidad de la economía pero estaba excluida de los grandes cargos de poder, ocupados por los españoles peninsulares. Los españoles que apenas representaban el 1% de la población, sin embargo, controlaban la inmensa mayoría de los cargos políticos y eclesiásticos de las colonias americanas. Por una parte eran envidiados por los criollos, pero a su vez tolerados para que defendiesen su supremacía económica de la inmensa mayoría de la población, indígenas, mulatos y esclavos. Sobre todo de los primeros verdadera mano de obra campesina al servicio de los criollos y siempre dispuesta a librarse se su dominio. La más importante fue la Tupac Amaru de 1780.

En los años previos a 1808 se fue difundiendo entre la élite criolla el ideal liberal, dándose los primeros movimientos independentistas con Miranda “El precursor”, Mariano Moreno o Simón Bolívar. Sin embargo, el cambio fundamental se produjo con la sublevación en España en 1808 frente a la ocupación francesa, se puede afirmar categóricamente que sin este factor la Independencia de las colonias españolas hubiese seguido un camino totalmente distinto. El proceso puede resumirse en tres fases:

Primera fase: Al tenerse noticias de los sucesos de mayo en las principales ciudades americanas se fueron creando Juntas similares a las españolas, en nombre de Fernando VII que depusieron a las autoridades españolas que se mostraban afrancesadas. No hubo, pues, inicialmente, un movimiento independentista. No será hasta 1809 cuando, a raíz de la formación de la Junta Central, cuando determinadas juntas americanas comenzaron a no reconocer dicho poder. En 1801 llegaron las noticias de la campaña de Andalucía y el asedio de Cádiz, así como de la incapacidad de la Regencia. Entre marzo y septiembre de 1810 se fueron formando juntas revolucionarias en Caracas, Buenos Aires, Santa Fe de Bogotá y Santiago de Chile.

En general fueron las propias divisiones internas de los líderes criollos los que en esta primera fase dieron al traste con el proceso revolucionario. Las autoridades fueron recuperando el control paulatinamente a partir de 1813, haciéndose con el control de Bogotá, Caracas y Santiago, destacando la labor del virrey Abascal. Los líderes independentistas terminaron en prisión (Miranda, Nariño) o en el exilio (O´Higgings o Bolívar) El envío de un ejército de 10.000 hombres, al mando de Morillo, en febrero de 1814, fue decisivo para el restablecimiento del control peninsular en el Norte.

En Méjico Miguel Hidalgo, párroco de Dolores, fue quien en septiembre de 1810 dirigió la sublevación contra el nuevo virrey enviado por la Regencia. Mediante el Grito de Dolores solicitaba, el fin de la esclavitud, eliminación de tributos, abolición del régimen de castas, reparto de tierras, y fin de los monopolios mineros. Tal programa hizo que los criollos asustados recurriesen a los españoles para defender su posición de privilegio. Hidalgo fue detenido y ejecutado, al igual que su sucesor, el cura Morelos en 1815. Sin embargo, antes de ello convocó un congreso nacional en Anahuac que declaró la independencia.

Segunda fase: A partir de 1816 la restauración del absolutismo en España reavivó las ansias de independencia. El Gobierno español se veía incapaz de enviar las fuerzas que se reclamaban desde América, a causa de la quiebra financiera del Estado. En el Sur la escisión de la zona oriental bajo el liderazgo de Artigas (futuro Uruguay) no impidió que en el Congreso de Tucumán se proclamase la independencia de las Provincias Unidas de Sudamérica, futura Argentina, en 1816, bajo la figura de San Martín.

Por su parte Simón Bolívar reanudó las operaciones en Venezuela en 1816. La política represiva del virrey Morillo hizo que se incorporaran al movimiento independentista los indígenas. Tras la conquista de Angostura un congreso reunido allí proclamó la independencia de la República de la Gran Colombia, en enero de 1819, proclamando a Bolívar “el libertador” como presidente. En agosto derrotaría a los realistas en la batalla de Boyacá.

En 1814 un ejército al mando de Abascal recuperaba Chile. Sin embargo, en 1817 un ejército de refuerzo argentino dirigido por San Martín, atravesó los Andes y empezó la reconquista. La victoria en Carabobo permitió la toma de Santiago. En febrero de 1818 se aprobó el Acta de Independencia de Chile y Bernardo O´Higgings se convirtió en su primer presidente.

Tercera fase: Se produce a partir de 1820. Los dos grandes líderes militares San Martín desde el Sur y Bolívar desde el Norte convergieron sobre el virreinato del Perú, principal foco realista. Las tropas del nuevo virrey La Serna se encontraban divididas entre liberales y absolutistas. En julio de 1821 las tropas independentistas entraban en Lima y en abril de 1822 Bolívar entraba en Quito. En agosto de 1824 Bolívar recuperaba de nuevo Lima y se producía la decisiva batalla de Ayacucho donde el general Sucre derrotaba al virrey La Serna.

En Méjico la proclamación de la Constitución de Cádiz y las medidas revolucionarias impuestas desde España asustaron a los hacendados y la Iglesia. Cuando el general Agustín de Iturbide publicó el plan de Iguala en marzo de 1821, en el que garantizaba la independencia, la preeminencia de la Iglesia y la unión de todos los grupos sociales, recibió un apoyo generalizado. En tan sólo seis meses consiguió imponerse a las fuerzas realistas y en marzo de 1822 era proclamado emperador.

Como consecuencia de todo este proceso en 1825 tan sólo le restaban a España los diminutos territorios de Cuba y Puerto Rico, de su antiguo gran Imperio colonial. España pasaba a ser una potencia de segunda fila en el contexto europeo y los nuevos estados americanos se desangraban durante varias décadas en guerras entre ellos por delimitaciones territoriales, independencias y zonas de influencia económica.

El cambio dinástico del siglo XVIII: Las reformas internas.

La llegada de Felipe V a España supuso la introducción de la forma de gobierno del absolutismo monárquico, cuyo mejor ejemplo fue el abuelo del rey, Luis XIV. Todos los poderes se concentraban en el monarca, que era gobernador, legislador y juez. Además el sistema administrativo estaba unificado y centralizado.

Por lo tanto en España hubo que reorganizar la administración central, para que el rey fuera el único depositario del poder político y para que todos los funcionarios que detentaran cargos de gobierno fueran sus representantes.

Los Consejos de la época de los Habsburgo fueron sustituidos por secretarios de despacho, normalmente fueron seis, aunque hubo diversos cambios durante el siglo. Fueron las secretarias de Guerra, Marina, Hacienda, Justicia, Estado e Indias. Todos los secretarios eran nombrados y destituidos libremente por el rey, de quien les provenía toda su autoridad.

Los consejos fueron perdiendo su importancia, además algunos de ellos eran innecesarios al perderse los territorios de los que eran competentes, como Flandes o Italia y desaparecieron. El único que mantuvo cierta importancia fue el de Castilla, que absorbió al de Aragón. Durante el siglo XVIII el Consejo de Castilla fue un órgano consultivo pero también actuaba como Alto Tribunal de Justicia. Sus miembros, presidente y fiscales, emitían informes sobre cuestiones de gobierno interior. Sus componentes eran importantes miembros de la Administración o juristas, todos ellos nombrados por el rey.

Durante el reinado de Felipe V el gobierno estuvo en manos de destacados personajes de la Corte. Mientras duró la guerra, hubo una especie de Gobierno provisional, donde destacaron los consejeros de origen francés como Jean de Orry, el vizconde de Amelot o la intrigante figura de la princesa de los Ursinos. Sin embargo, el segundo matrimonio del rey, en esta ocasión con la dominante Isabel de Farnesio, tuvo como consecuencia la el predominio de la reina en todos los asuntos políticos, aprovechando el carácter abúlico del rey. Durante este periodo destacan las figuras de Julio Alberoni, cardenal y obispo de Málaga, y el barón de Ripperdá, un aventurero e intrigante holandés de ascendencia catalana. Afortunadamente a finales del reinado comienza la actuación de verdaderos ministros con formación jurídica. Destacan José Patiño, que mejoró la Hacienda y engrandeció la Marina, y José del Campillo mercantilista que mejoró la Hacienda y el comercio con las Indias.

En el reinado de Fernando VI cabría destacar al marqués de la Ensenada, que ostentó cuatro secretarías, Hacienda, Guerra, Marina e Indias y que fue un gran reformador, pese a sus ideas conservadoras. Gracias a él se firmó el Segundo Pacto de Familia en 1743, se creó la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando o sobre todo se intentó en la aplicación del catastro en Castilla (catastro del marqués de la Ensenada) Además hay que mencionar a José de Carvajal que destacó en sus funciones como secretario de Estado.

El reinado de Carlos III se inaugura con dos ministros italianos, Jerónimo Grimaldi, pero sobre todo el marqués de Esquilache (Leopoldo de Gregorio) cuyas reformas desembocarían en el motín de 1766. Además destacan los ministros españoles Campomanes, el conde de Aranda y el conde de Floridablanca, todos ellos destacados representantes de la Ilustración española.

Carlos IV mantendría al conde de Aranda y además destacaría Jovellanos, aunque la figura indiscutible de este reinado fue Manuel de Godoy.

Por su parte las Cortes de la corona de Aragón fueron abolidas, siendo sólo convocadas las Castellanas desde 1709, aunque las Navarras se mantuviesen. Su función fue la de de discutir las peticiones que presentaba el rey y jurar al heredero de la Corona, el príncipe de Asturias.

La administración provincial sufrió importantísimos cambios. Se puede hablar de una unificación política que en la práctica era una centralización. Todos los antiguos reinos de la Corona de Aragón perdieron sus fueros, privilegios, exenciones y libertades. Felipe V decidió tales medidas por haberse sublevado en su contra, como legítimo rey al cual habían prestado juramento. En todos ellos se aplicarían las mismas leyes que en Castilla, son los Decretos de Nueva Planta de 1707 para Valencia y Aragón, de 1715 para Mallorca y de 1716 para Cataluña. Sin embargo Navarra mantuvo todos sus fueros, usos y costumbres y hasta sus propias Cortes, por haber permanecido fieles al rey, al igual que las Vascongadas que conservó sus privilegios fiscales por idéntico motivo.

Las nuevas autoridades establecieron una nueva división territorial en provincias, no exactamente iguales a las actuales. Al frente de cada una de ellas estaba un capitán general, que ostentaba el mando de las tropas de dicha demarcación y ejercía los poderes políticos y administrativos. Para asesorarle había una Audiencia, la cual además seguía teniendo competencias judiciales, ejerciendo como un tribunal de justicia. Para fiscalizar la administración se implantó la figuran francesa del intendente, que desempeñaba entre otras funciones las de Hacienda y además era el alcalde de la capital.

La Hacienda

A raíz de la reforma administrativa se realizó una reforma impositiva. Con motivo de los Decretos de Nueva planta en la antigua corona de Aragón se había establecido el catastro, obra de Patiño en Cataluña a partir de 1714, Talla en Mallorca, Única contribución aragonesa o el equivalente valenciano. Se establecía un cupo anual que debía pagar cada provincia y se repartía su pago de acuerdo a la riqueza agraria, comercial e industrial, sin excepción ninguna. Además los antiguos impuestos pasaron a ser recaudados por la Hacienda real.

Los resultados fueron tan buenos que se intentó implantar en Castilla, sin embargo el proyecto de catastro del marqués de la Ensenada tropezó con la oposición de los estamentos privilegiados, que inundaron la secretaria de recursos y reclamaciones.

Para aumentar los ingresos del Estado La Hacienda se recurrió a los sistemas tradicionales. Se crearon nuevos monopolios y Compañías privilegiadas, se acudió a los estancos, como el del mercurio, tabaco o sal, y se procedió a la emisión de vales reales, creándose en 1782 el Banco de San Carlos. Además en 1763 se introdujo la lotería.

En el último tercio del siglo XVIII se llevaron a cabo diversas medidas liberalizadoras de la economía:

En 1765 se decreto la libertad de precios y circulación para los cereales.
En 1778 se aprobaba la libertad de comercio con la Indias para todos los puertos españoles.
En 1783 se declaró la honradez de todas las profesiones.
En 1790 se dio libertad para ejercer cualquier oficio sin tener que pasar el examen del gremio.

El Ejército y la Marina

Durante el siglo XVIII se acometió una importante reforma de ambas instituciones, que si bien no ostentaría una hegemonía como en siglos pasados, si que permitieron a España situarse a un buen nivel dentro de las potencias europeas.

Felipe V eliminó los tercios, adoptando el modelo francés de regimientos, sin embargo la principal reforma se debe a Carlos III con sus reales Ordenanzas de 1768, que permitieron la creación de un ejército profesional basado en un sistema mixto de levas forzosas y regimientos mercenarios de extranjeros, valones, suizos o irlandeses, totalizando unos efectivos superiores a los 85.000 hombres.

La Marina fue una obra colectiva, donde destaca José Patiño, se crearon tres departamentos marítimos: Ferrol, Cartagena y Cádiz, con arsenales y astilleros en todos ellos, además se creó un cuarto en La Habana donde se construiría el mayor barco de todo el siglo XVIII, el Santísima Trinidad de nada menos que cuatro puentes. A finales de siglo la flota española se encontraba entre las mejores de su época, durante ese siglo se construyeron o compraron 262 navíos y más de 200 fragatas, en total 904 buques de toda clase.

Manifiesto En defensa de los derechos fundamentales en Internet

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

La Guerra de Sucesión española. 1702-1714

A finales de siglo XVII dos potencias se disputaban la hegemonía continental: Francia y el Sacro Imperio. En este contexto internacional la más que clara muerte del rey de España Carlos II sin descendencia sería objeto de disputa internacional.

Dos eran los posibles pretendientes y sucesores del monarca español. Por una parte el archiduque Carlos de Austria, segundo hijo del emperador Leopoldo I, el cual aseguraría la continuidad de la casa de Habsburgo en el trono peninsular. El otro pretendiente era el príncipe Felipe de Anjou, nieto de Luis XVI y de la infanta española María de Austria, hermana de Felipe IV. Esta opción suponía una total inversión de las política española desde tiempos de Fernando el Católico, además de la llegada de una nueva dinastía.

Tras numerosas intrigas de corte, donde destacan las figuras del conde de Oropesa o del cardenal Portocarrero, Carlos II finalmente declaró como su legítimo heredero, poco antes de su muerte el 1 de noviembre de 1700, al príncipe francés. Se creía que de esa manera sería posible mantener la integridad de la monarquía y acabar con el constante peligro de la poderosa Francia, Luis XIV ya había firmado anteriormente dos acuerdo de reparto de los territorios europeos con otras potencias y desde 1659 las sucesivas guerras con Francia habían terminado en paces desfavorables. De todas formas la designación de Felipe tenía dos limitaciones, por un lado que las coronas de España y Francia no debían unirse nunca en la misma persona y por otro la obligación de preservar la integridad territorial de las posesiones españolas.

Inicialmente nadie, ni a nivel nacional ni internacional, salvo Austria se opuso a la designación de Felipe V como rey de España. Pero pronto las potencias europeas recelaron del inmenso poder que suponía la unión de las que habían sido las dos mayores potencias continentales de los últimos siglos, si bien no en la misma persona si perteneciendo a la misma dinastía, la casa de Borbón. Así en 1701 se constituyó la Gran Alianza de La Haya, formada por Austria, Inglaterra, Países Bajos y Dinamarca. Posteriormente se unieron a ella Portugal, Prusia y Saboya, pese a que el duque de esta última era suegro del nuevo monarca español. En 1703 los miembros de la Gran Alianza declararon la guerra a Francia y España, iniciándose la Guerra de Sucesión española. En 1703 el archiduque Carlos de Austria fue proclamado solemnemente en Viena rey de España con el título de Carlos III.




En el plano internacional la Guerra de Sucesión fue un conflicto bélico que unió a casi toda Europa contra Francia y las posesiones españolas. Pero en España supuso un enfrentamiento entre los Estados de la Corona de Aragón, que pese a haber reconocido formalmente a Felipe V como su legítimo rey, tras jurar este frente a las correspondientes cortes, prefirieron cambiar de monarca y pasarse al bando austriaco, y la Corona de Castilla que permaneció fiel y leal a su rey, incluida Navarra.

Las primeras batallas se produjeron cuando las tropas austriacas atacaron las posesiones españolas en Italia, a donde se trasladó en persona el nuevo monarca. Por su parte Francia decidió atacar el corazón del imperio, pensando que las tropas de la Gran Coalición se encontraban ocupadas en el Norte de Italia y en el Flandes español. Sin embargo, los franceses fueron derrotados en 1704 en Blenheim por un ejército al mando del duque de Malborough. Además en 1706 tras la derrota de Ramillies se perdía el control sobre Flandes. No fueron mejor las cosas en Italia donde tras unos limitados éxitos hispano-franceses se perdía el ducado de Milán y hasta el reino de Nápoles.

A nivel interno las cosas comenzaron a cambiar en 1704, una flota anglo-holandesa al mando del almirante británico Rooke desembarcaba un ejército en Lisboa, además ese mismo año ocupaban la plaza de Gibraltar en nombre del rey de España, Carlos III. Al año siguiente, 1705, un ejército aliado desembarcaba en Valencia y Cataluña que se rebelaban contra Felipe V, el cual desembarcaba en Barcelona entre los vítores de sus nuevos súbditos. En 1706 también cambiaban de bando Aragón y Cataluña. Las razones para esta traición habría que buscarlas en el marcado carácter anti francés de toda la Corona de Aragón, enemigos tradicionales desde el siglo XII y en el hecho de que en 1706 la guerra parecía que tomaba un marcado rumbo a favor de las armas austriacas. Por su parte Castilla y Navarra permanecieron fieles al rey.




En 1706 dos ejércitos aliados, uno operando desde Portugal y el otro desde Aragón consiguieron hacerse con el control temporal de la capital, Madrid, a donde llegó el archiduque Carlos que tomo posesión oficial del Real Alcazar. Pero al año siguiente las tropas hispano-francesas al mando del duque de Berwick derrotaban decisivamente a los aliados en Almansa, lo que suponía la pérdida por parte de los austriacos del dominio de Valencia y Aragón, además ambos reinos vieron desaparecer sus fueros, privilegios, leyes e instituciones “por el rebelión que cometieron”, según reza textualmente en el Decreto de Nueva Planta firmado por el rey. A partir de entonces la guerra a nivel nacional se decantaba a favor de las armas españolas. Se producían las victorias de Brihuega y en 1710 la de Villaviciosa.




Sin embargo el final de la guerra se produciría como consecuencia de acontecimientos ocurridos fuera de España que nada tenían que ver con lo militar. En 1705 moría el emperador Leopoldo I, sucediéndole su hijo José I que moriría sin descendencia en 1711, su sucesor fue su hermano, el archiduque Carlos. Esta nueva situación hizo que Inglaterra en primer lugar, y el resto de aliados perdiesen el interés en defender los derechos de Carlos III. Ya no se trataba de evitar una hegemonía de la casa de Borbón, sino favorecer la aparición de ni más ni menos un nuevo siglo presidido por un poderosísimo emperador de Austria, la reedición de la época de Carlos V. Así los contendientes concluyeron en primer lugar la paz de Utrech en 1713 y posteriormente la paz de Rastatt en 1714.

Las consecuencias de esta guerra fueron tan importantes que marcarían el transcurso de todo el siglo XVIII al establecer un nuevo mapa europeo. Los grandes beneficiados fueron Austria e Inglaterra. La primera se quedó con la mayor parte de los territorios europeos de la monarquía hispánica el Milanesado, Flandes, Nápoles y Sicilia. Inglaterra obtuvo Gibraltar, Menorca y Terranova, pero sobre todo la exclusividad en el Asiento de Negros, es decir el monopolio del tráfico de esclavos con la América española, y la autorización para enviar un navío para comerciar con las Indias, el navío de permiso. Saboya recibió como premio una importante ampliación territorial, incluida la isla de Cerdeña y el título de rey para la casa reinante.



Sin duda la gran perjudicada fue la Monarquía hispánica. La pérdida de sus posesiones europeas y las concesiones económicas hicieron que España se convirtiese en el siglo XVII en una potencia que nunca más pudo recuperar su posición de antaño. A nivel interno los cambios fueron profundos e importantes. La rebelde Corona de Aragón vio desaparecer completamente todos sus privilegios políticos y económicos, para ser administradas exactamente igual que Castilla. En España además se implantó el modelo francés tendente al absolutismo monárquico.

Archivo fotográfico de la Comunidad de Madrid

Entre todos construimos la historia de Madrid
Ente todos hemos creado el Archivo Fotográfico de la Comunidad de Madrid,
un gran proyecto colectivo.
Una gran historia contada foto a foto, a partir de las imágenes que los ciudadanos
de la Comunidad de Madrid hemos recuperado de nuestros álbumes familiares:
Aquellas que mejor cuentan nuestra vida, la de todos, la de Madrid.
Porque detrás de estas fotos está cómo fuimos, cómo somos y cómo seremos.
Está nuestra forma de vivir y nuestra proyección hacia el mañana.

El Archivo Fotográfico de la Comunidad de Madrid, abarca desde el comienzo de la fotografía
a mediados del siglo XIX hasta finales del siglo XX, momento en el que nace la fotografía digital.

La crisis de 1640

Introducción:

Como consecuencia de las continuas guerras que la monarquía afrontaba en Europa la década de 1640 constituye un periodo de revueltas y sublevaciones internas de gran importancia.

Con la llegada al trono de Felipe IV en 1621, se retoma la guerra contra los Países Bajos tras la Tregua de los Doce Años y se entra en la Guerra de los Treinta Años (1618-1648) ayudando al Imperio austriaco.

El valido, el conde-duque de Olivares, crea la Junta de Reformación, que redacta el Gran Memorial, y decide crear la Unión de Armas, un Ejército de 140.000 hombres al que Castilla y las Indias aportarían 44.000 soldados, Cataluña, Portugal y Nápoles 16.000 y Sicilia, Valencia y las islas del Mediterráneo 6.000.

En Castilla, el Rey tiene poder para reunir tropas y dinero, pero en otros Estados es necesario convocar Cortes en 1626.

De Aragón y Valencia obtuvo el costear 2.000 y 1.000 soldados al año durante 15 años, mientras que en Cataluña los diputados exigen la discusión de los Memoriales de Agravios antes de cooperar. El Conde-Duque, indignado, abandona Cataluña sin cerrar Cortes.

CATALUÑA:

En 1639 Olivares elige deliberadamente a Cataluña como frente para atacar a Francia e intentar que Cataluña contribuyese a los esfuerzos militares. Un ejército de unos 9.000 soldados pasó el invierno en el frente catalán que debe mantenerlo, provocando numerosos enfrentamientos y conflictos.

Así, el 7 de junio de 1640, se produce el Corpus de Sangre: un grupo de segadores sublevados asalta el palacio del virrey, el conde de Santa Coloma, y lo asesina.

Pau Claris convoca la Junta de Brazos y Cataluña se declara como una república independiente bajo la protección de Luis XIII (Pacto de Ceret) y el 23 de enero de 1641 reconoce a Luis XIII como conde de Barcelona. Había durado una semana.

Olivares envía un ejército de 20.000h para recuperar Cataluña, pero es derrotado por las tropas franco-catalanas en la batalla de Montjuic.

Cataluña se encontró siendo el campo de batalla de la guerra entre Francia y España e irónicamente se pasaron a la situación que durante tantas décadas habían intentado evitar: Sufragar el pago de un ejército y ceder parcialmente en su administración a un poder extranjero, en este caso el francés. La política francesa respecto a Cataluña estaba dominada por la táctica militar y atacar Valencia y Aragón.

Luis XIII nombró un virrey francés y llenó la administración catalana de conocidos pro-franceses. El coste del ejército francés para Cataluña era cada vez mayor, y cada vez más se mostraba como un ejército de ocupación. Mercaderes franceses comenzaron a competir con los locales, pero favorecidos por el gobierno francés que convirtió a Cataluña en un nuevo mercado para Francia. Todo esto, junto a la situación de guerra, la consecuente inflación, plagas y enfermedades llevó a un descontento de la población que iría a más conscientes de que su situación había empeorado con Luis XIII respecto a la que gozaban con Felipe IV.

En 1651, tras ser nombrado virrey de Cataluña, don Juan José de Austria comienza el asedio de Barcelona que se rendirá al año siguiente, aunque los enfrentamientos continúan hasta la Paz de los Pirineos de 1659.

PORTUGAL:

En diciembre de 1640, ante los problemas que les acarrea la Monarquía Hispánica, los portugueses detienen a Margarita de Austria y la escoltan a Castilla, declarando al duque de Braganza rey, Juan IV. En 1659, con el valido Luis de Haro, el ejército español trata de recuperar Portugal pero es derrotado en Elvas.

Además, se producen intentos de rebelión en otros territorios:

En Andalucía se descubre en 1641 una conspiración dirigida por el marqués de Ayamonte (a quien se ejecuta) y el duque de Medina-Sidonia (multado y desterrado).

En 1646 Aragón se producen intrigas similares (duque de Hijar)

En Nápoles y Sicilia hubo sublevaciones en 1647 que fueron sofocadas por el virrey don Juan José de Austria.

La Monarquía Hispánica de Felipe II

Nacido en 1527 fue duque de Milán desde 1550, rey de Nápoles desde 1553 y de Inglaterra desde 1554. Tras la abdicación de su padre en 1555 fue proclamado Soberano de los Países Bajos y Duque de Borgoña y al año siguiente de la Corona de los Reinos Hispánicos, Sicilia y las Indias.

Después de sus numerosos viajes se estableció definitivamente en la Península, designando a Madrid como capital en 1561. Desde esta y posteriormente desde el Real Sitio de El Escorial gobernaría un extenso imperio casi sin desplazarse, gracias al desarrollo de una importante burocracia.

Los años de reinado de Felipe II consolidaron la hegemonía hispánica en Europa. Además fue uno de los máximos impulsores de la Contrarreforma católica. Su reinado, pese a coincidir con un momento de máxima afluencia de metales preciosos de América, presentó graves problemas financieros, en 1557 se producía la primera bancarrota de la Hacienda. Esto fue debido a los enormes gastos militares a los que tuvo que hacer frente.

La política mediterránea

En esta área se encontró con un conflicto no resuelto con el Imperio otomano, especialmente con el corso magrebí. Tras la pérdida de Trípoli en 1551 y la derrota y pérdida de la isla de Djerba en 1560 los turcos se dispusieron al asalto de Malta en 1565. Asalto que fue rechazado gracias a la ayuda enviada desde Sicilia.

En 1570 nuevamente el Imperio otomano se lanzaba al ataque, en esta ocasión contra la isla veneciana de Chipe. Esto hizo que la República veneciana buscase el apoyo de otros Estados para frenar el avance turco. En 1571 se creaba la Liga Santa de la que además formaban parte los Estados Pontificios, la Monarquía Hispánica y Génova, entre otros. Ese año la armada de la Liga al mando de Don Juan de Austria, realmente de Álvaro de Bazán, derrotaba a los turcos en la batalla de Lepanto. Sin embargo no se explotó el éxito, en 1573 se ocupaba durante tan sólo un año Túnez. Finalmente ambos Imperios firmarían una serie de treguas que trajo una relativa calma al Mediterráneo a partir de 1580.

La revuelta de los Países Bajos

La sublevación de los Países Bajos tuvo unas motivaciones políticas, fiscales y fundamentalmente religiosas. El calvinismo se había propagado por diversas regiones de Flandes y su incorporación a la Monarquía hispánica les hacía sentirse como extranjeros, con un rey que no residía en su territorio.

Estaban gobernados desde 1559 por Margarita de Parma, hermana de Felipe II. Al conocer la decisión de aplicar los acuerdos del Concilio de Trento y la implantación de la Inquisición la baja nobleza se concentró en Bruselas el 5 de abril de 1566 en el palacio de la gobernadora (mendigos) solicitando más libertades.

El Príncipe de Orange, el Conde de Egmont y el Conde de Horn volvieron a pedir a Margarita de Parma más libertad. El 14 de agosto un grupo de calvinistas asaltó la principal iglesia de Saint-Omer. Le siguió una rebelión generalizada en Ypres, Courtrai, Valenciennes, Tournai y Amberes.

Felipe II optó por la fuerza. Se acordó mandar al Duque de Alba a sofocar las rebeliones. El 28 de agosto llegaba a Bruselas y efectuó una durísima represión (Tribunal de Tumultos) ajusticiando a los nobles rebeldes, Egmont y Horn fueron ejecutados en 1568.

Felipe II buscó soluciones más diplomáticas con los nombramientos de Luis de Requesens, Juan de Austria (Saqueo de Amberes y Furia española de 1576) y Alejandro Farnesio, que consiguió el sometimiento de las provincias católicas del sur en la Unión de Arras. Ante esto los protestantes formaron la Unión de Utrecht. Además en 1581, bajo el mando del príncipe Guillermo I de Orange, las provincias de Brabante, Güeldres, Zutphen, Holanda, Zelanda, Frisia, Malinas y Utrech proclamaron su independencia.

Antes de su muerte Felipe II cedió el territorio de los Países Bajos a su hija Isabel Clara Eugenia y su yerno el archiduque Alberto de Austria en 1598.

Francia

A su llegada al trono el rey se encontró en guerra con Francia por el control de Italia, Guerra Habsburgo-Valois (1547 - 1559). Los franceses sufrieron dos severas derrotas en San Quintín en 1557 y Gravelinas en 1558, esto hizo que tuviesen que firmar la paz de Cateau-Cambresis donde además de acuerdos territoriales se acordó el matrimonio de Felipe II con Isabel de Valois, hermana de Enrique IV de Francia.

Esta fue una de las mayores victorias de Felipe II, ya que además Francia se sumió durante un periodo de casi 30 años en guerras de religión entre católicos y hugonotes, durante las cuales el monarca apoyó a los católicos encabezados por el duque de Guisa. Los tercios españoles llegaron a estar en París y se llegó a pensar en conseguir el trono francés para su hija Isabel Clara Eugenia.

Portugal

La incorporación de Portugal fue la culminación de un largo proceso con profundas raíces medievales, además se produjo gracias la política matrimonial desarrollada por los Reyes Católicos. A la muerte de Enrique I de Avís (enero de 1580) Felipe II se convirtió en el aspirante con más derechos al trono lusitano al ser hijo de Isabel de Portugal, primogénita de Manuel el Afortunado.

En realidad la crisis sucesoria se había producido con la muerte del rey Sebastián I. Este era hijo póstumo del príncipe Juan, heredero del trono, y de doña Juana, hija del emperador Carlos. Nació en 1554, en medio de una alegría del pueblo al alejar la posibilidad de la unión ibérica. A los 14 años fue declarado rey. De espíritu exaltado e idealista, se consideraba elegido por la providencia para realizar grandes hazañas en servicio de la fe. Estos ideales de raíz medieval le hicieron organizar una expedición a Marruecos en junio de 1578. En la batalla de Alcazarquivir, que tuvo lugar el 4 de agosto de 1578 el rey encontró la muerte, al igual que gran parte de la nobleza portuguesa. Los portugueses contabilizaron 7.000 muertos y cerca de 16.000 prisioneros.

La Corona pasó al anciano cardenal-infante don Enrique, hijo de Manuel el Afortunado y regente entre 1562 y 1568. Su avanzada edad presagiaba un pronto replanteamiento del problema sucesorio.

La situación en Portugal tampoco invitaba al optimismo. Desde mediados del siglo XVI se habían empezado a manifestar los primeros síntomas de paralización del crecimiento. Portugal adolecía de problemas estructurales en su comercio, el oro africano había dejado de reportar los beneficios anteriores, además el comercio con Oriente a través del Cabo hacía necesario el metal para equilibrar la balanza comercial. La derrota en Alcazarquivir supuso que a la aristocracia lusitana cautiva se la tuviese que rescatar mediante sumas fabulosas. Finalmente el Imperio portugués comenzaba a notar la intromisión de ingleses y holandeses, rivalizando e incluso expulsando a los marinos portugueses de algunas de sus rutas comerciales.

En la corte existía un bando procastellano, encabezado por Catalina de Austria, hermana de Carlos V y abuela de Sebastián I. La figura de Felipe II, tío del difunto rey y sobrino de Enrique I, se presentaba como una fuente de recursos financieros, a través de la Casa de Contratación de Sevilla y la llegada de plata americana, y sobre todo en el rey enérgico que se necesitaba en ese momento, expulsando a los enemigos comunes que interferían el comercio colonial y sofocando los conatos de rebeldía del pueblo llano. El gran rival de Felipe fue Antonio, prior de Crato, nieto de Manuel el Afortunado, pero por línea bastarda. Este había sido nombrado gobernador de Tánger en 1578 y acompañó al rey Sebastián en su aventura marroquí.

Felipe comenzó desde la muerte de Sebastián una intensa labor diplomática. El rey llamó a la Corte al cardenal Granvela, que ya había prestado buenos servicio a su padre el Emperador. Además pudo disponer el rey de un hábil negociador, Cristóbal de Moura, portugués pasado a España con el séquito de la reina Juana, viuda del príncipe Juan, madre de Sebastián y hermana de Felipe II. De Moura consiguió llegar a firmar un acuerdo con el rey-cardenal sobre las condiciones bajo las cuales Felipe II podría convertirse en soberano de Portugal.

Enrique murió el 31 de enero de 1580 y en su testamento no dejaba heredero, además el Consejo de regencia que asumió el gobierno a su muerte tampoco se atrevió a designar a Felipe. En esta situación de vacío de poder Antonio se autoproclamó rey de Portugal el 24 de julio en Samtarem. Se imponía el recurso de las armas. Por iniciativa de Granvela, Fernando Álvarez de Toledo, tercer duque de Alba, fue llamado para dirigir las tropas que invadirían Portugal, derrotando al rey Antonio en la batalla de Alcántara, cerca de Lisboa, el 25 de agosto. Además una flota formada en Cádiz y al mando de Álvaro de Bazán, marqués de Santa Cruz bloqueaba la desembocadura del Tajo. El episodio final se produjo en torno a las islas Azores. Antonio, con ayuda francesa, fue derrotado en 1582 en la batalla de la isla Terceira (Azores).

Felipe fue coronado rey de Portugal en las Cortes de Thomar celebradas abril de 1581. El rey se comprometía a respetar los fueros y privilegios del reino, además Portugal sería gobernado en ausencia del soberano por un virrey, portugués o de la familia real. Se procedería a la creación de un Consejo integrado por portugueses y se reservaba el comercio con sus propias colonias.

Esta anexión, que sólo duraría 60 años, supuso el mayor éxito del reinado de Felipe II. Con ella se lograba la unificación peninsular y la asociación de los imperios coloniales de mayores dimensiones. Parece ser que el rey desoyó el consejo del cardenal Ganvela de trasladas la capital de la monarquía a Lisboa, en un momento en que el principal eje geopolítico se alejaba del Mediterráneo para pasar al Atlántico. El rey abandonó Lisboa en 1583 para no regresar nunca más.

Inglaterra

Felipe II fue rey de Inglaterra entre 1554 y 1558 en virtud de su matrimonio con la reina María Tudor. A la muerte de esta subió al trono Isabel I que comenzó una dura política religiosa anti católica que llevaría a su separación de Roma y la creación de la Iglesia de Inglaterra. Su defensa del protestantismo la llevó a apoyar a los rebeldes holandeses en 1585. Al año siguiente ejecutaba a su prima Maria I de Escocia. Además favoreció la piratería, Drake, y el esclavismo, Hawkins.

El rey Felipe II proyectó la invasión de Inglaterra. Para ello contaba con el apoyo del papa, el cual había excomulgado a Isabel. Reunió a la casi totalidad de la flota en Portugal, eligiendo para mandarla a Don Álvaro de Bazán, sin embargo la muerte de este hizo que finalmente fuese designado el duque de Medina Sidonia. Debería navegar hasta Flandes y allí recoger a los tercios de Alejandro Farnesio. La Grande y Felicísima Armada (Armada invencible) no cumplió su objetivo y en el viaje de vuelta parte de ella fue desbaratada.

En 1589 Inglaterra organizó La Invencible Inglesa o Contraarmada. Los objetivos ingleses eran atacar y saquear las costas españolas y provocar y apoyar una insurrección en Portugal contra su rey, Felipe II de España. Drake atacó La Coruña, aunque no consiguió desembarcar ni saquearla, sufriendo los ingleses unas 12.000 bajas y la pérdida de 20 naves. Además fracasó también en iniciar la revuelta de los portugueses contra Felipe II y en ocupar alguna de las Islas Azores, viéndose obligado finalmente a batirse en retirada sin haber logrado ni uno solo de sus objetivos y habiendo sufrido unas tremendas pérdidas de hombres y barcos. Moriría en 1596 de disentería tras varios fracasos en las costas de la América española.

Política interior

Uno de los objetivos del rey fue el evitar la aparición de grupos reformados en los reinos peninsulares. Así los primeros núcleos protestantes se descubrieron en Sevilla y Valladolid en 1557-1558. La inquisición actuó muy diligentemente en la eliminación de los mismos, sobre todo teniendo en cuenta que era un momento de guerra de religión en Francia y de sublevaciones calvinistas en los Países Bajos.

Esto llevó a Felipe II al cierre de los reinos peninsulares, con medidas como la prohibición de importar libros desde 1558. Además en 1559 se publicó una lista de obras prohibidas, el Índice, que fueron sistemáticamente requisadas de las bibliotecas públicas y privadas. El mismo año mediante una pragmática se prohibía a los castellanos el estudiar o impartir docencia en universidades extranjeras, salvo en el Colegio español de Bolonia, Nápoles, Roma y Coimbra. En 1568 para los de la Corona de Aragón y en 1570 para los flamencos.

La Inquisición fue convertida en un instrumento de lucha contra la Reforma protestante. Esta no se detuvo ni siquiera ante la jerarquía eclesiástica. En 1559 el Santo Oficio detuvo al arzobispo de Toledo Bartolomé de Carranza, acusado de haber publicado afirmaciones heréticas. Aunque Carranza recibió el apoyo del concilio de Trento y del mismo papa no fue entregado a la jurisdicción romana hasta 1566. Tras un largo proceso el arzobispo fue absuelto en Roma en 1576, muriendo unos días después.

También fue procesado el monje agustino fray Luis de León, escritor y profesor universitario en Salamanca. Se le acusó de realizar afirmaciones heréticas en su Comentario al Cantar de los Cantares. Tras varios años de prisión fue absuelto. También los diputados de la Generalitat de Cataluña fueron detenidos a causa de su oposición a la introducción de un nuevo impuesto de raíz eclesiástica.

La historiografía tradicional considera que esta defensa del catolicismo e impermeabilización de los reinos hispánicos tuvo efectos nefastos, ya que supuso romper con el tronco cultural europeo, justo en el periodo en que se iniciaba la revolución científica.

Pero el principal acontecimiento de la intolerancia religiosa fue la sublevación de los moriscos. Un nuevo decreto de 1567 prohibió el uso de la lengua árabe y de los vestidos y costumbres tradicionales, éste fue aplicado de forma inmediata acompañada de una fuerte actuación inquisitorial. Entre 1568 y 1570 se produjo la segunda rebelión de las Alpujarras, se encargó a don Juan de Austria sofocarla. Seguida de una fuerte represión los moriscos granadinos fueron dispersados por otras regiones de Castilla.

El último problema a nivel interno fue la revuelta de Aragón de 1591-1592. Por su tradición foral, el reino de Aragón tenía amplias atribuciones políticas, entre ellas la obligación de que sus virreyes fuesen aragoneses. También destaca la figura del Justicia de Aragón, encargado de velar por la defensa de los fueros y libertades del reino. Tenía además, el derecho al fuero de manifestación, por el que podía retener en su propia prisión a los perseguidos por oficiales reales, hasta que se pronunciase sentencia.

En 1590 el ex secretario del real Antonio Pérez, que estaba encarcelado desde 1579 por el asesinato del también secretario Juan de Escobedo, logró huir de la cárcel y pasar a Aragón amparándose en sus antecedentes aragoneses. Felipe II recurrió a la Inquisición, pero el intento de entregar a Pérez a la prisión inquisitorial provocó un motín popular en Zaragoza en mayo de 1591. Lo mismo ocurrió cuatro meses más tarde con el agravante de la liberación del reo. Finalmente un ejército real entró en Aragón en octubre de ese mismo año. El Justicia, Juan de Lanuza, fue ejecutado. Las Cortes aragonesas reunidas en 1592 tuvieron que aceptar una reducción de las atribuciones forales.