El cambio dinástico del siglo XVIII: Las reformas internas.

La llegada de Felipe V a España supuso la introducción de la forma de gobierno del absolutismo monárquico, cuyo mejor ejemplo fue el abuelo del rey, Luis XIV. Todos los poderes se concentraban en el monarca, que era gobernador, legislador y juez. Además el sistema administrativo estaba unificado y centralizado.

Por lo tanto en España hubo que reorganizar la administración central, para que el rey fuera el único depositario del poder político y para que todos los funcionarios que detentaran cargos de gobierno fueran sus representantes.

Los Consejos de la época de los Habsburgo fueron sustituidos por secretarios de despacho, normalmente fueron seis, aunque hubo diversos cambios durante el siglo. Fueron las secretarias de Guerra, Marina, Hacienda, Justicia, Estado e Indias. Todos los secretarios eran nombrados y destituidos libremente por el rey, de quien les provenía toda su autoridad.

Los consejos fueron perdiendo su importancia, además algunos de ellos eran innecesarios al perderse los territorios de los que eran competentes, como Flandes o Italia y desaparecieron. El único que mantuvo cierta importancia fue el de Castilla, que absorbió al de Aragón. Durante el siglo XVIII el Consejo de Castilla fue un órgano consultivo pero también actuaba como Alto Tribunal de Justicia. Sus miembros, presidente y fiscales, emitían informes sobre cuestiones de gobierno interior. Sus componentes eran importantes miembros de la Administración o juristas, todos ellos nombrados por el rey.

Durante el reinado de Felipe V el gobierno estuvo en manos de destacados personajes de la Corte. Mientras duró la guerra, hubo una especie de Gobierno provisional, donde destacaron los consejeros de origen francés como Jean de Orry, el vizconde de Amelot o la intrigante figura de la princesa de los Ursinos. Sin embargo, el segundo matrimonio del rey, en esta ocasión con la dominante Isabel de Farnesio, tuvo como consecuencia la el predominio de la reina en todos los asuntos políticos, aprovechando el carácter abúlico del rey. Durante este periodo destacan las figuras de Julio Alberoni, cardenal y obispo de Málaga, y el barón de Ripperdá, un aventurero e intrigante holandés de ascendencia catalana. Afortunadamente a finales del reinado comienza la actuación de verdaderos ministros con formación jurídica. Destacan José Patiño, que mejoró la Hacienda y engrandeció la Marina, y José del Campillo mercantilista que mejoró la Hacienda y el comercio con las Indias.

En el reinado de Fernando VI cabría destacar al marqués de la Ensenada, que ostentó cuatro secretarías, Hacienda, Guerra, Marina e Indias y que fue un gran reformador, pese a sus ideas conservadoras. Gracias a él se firmó el Segundo Pacto de Familia en 1743, se creó la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando o sobre todo se intentó en la aplicación del catastro en Castilla (catastro del marqués de la Ensenada) Además hay que mencionar a José de Carvajal que destacó en sus funciones como secretario de Estado.

El reinado de Carlos III se inaugura con dos ministros italianos, Jerónimo Grimaldi, pero sobre todo el marqués de Esquilache (Leopoldo de Gregorio) cuyas reformas desembocarían en el motín de 1766. Además destacan los ministros españoles Campomanes, el conde de Aranda y el conde de Floridablanca, todos ellos destacados representantes de la Ilustración española.

Carlos IV mantendría al conde de Aranda y además destacaría Jovellanos, aunque la figura indiscutible de este reinado fue Manuel de Godoy.

Por su parte las Cortes de la corona de Aragón fueron abolidas, siendo sólo convocadas las Castellanas desde 1709, aunque las Navarras se mantuviesen. Su función fue la de de discutir las peticiones que presentaba el rey y jurar al heredero de la Corona, el príncipe de Asturias.

La administración provincial sufrió importantísimos cambios. Se puede hablar de una unificación política que en la práctica era una centralización. Todos los antiguos reinos de la Corona de Aragón perdieron sus fueros, privilegios, exenciones y libertades. Felipe V decidió tales medidas por haberse sublevado en su contra, como legítimo rey al cual habían prestado juramento. En todos ellos se aplicarían las mismas leyes que en Castilla, son los Decretos de Nueva Planta de 1707 para Valencia y Aragón, de 1715 para Mallorca y de 1716 para Cataluña. Sin embargo Navarra mantuvo todos sus fueros, usos y costumbres y hasta sus propias Cortes, por haber permanecido fieles al rey, al igual que las Vascongadas que conservó sus privilegios fiscales por idéntico motivo.

Las nuevas autoridades establecieron una nueva división territorial en provincias, no exactamente iguales a las actuales. Al frente de cada una de ellas estaba un capitán general, que ostentaba el mando de las tropas de dicha demarcación y ejercía los poderes políticos y administrativos. Para asesorarle había una Audiencia, la cual además seguía teniendo competencias judiciales, ejerciendo como un tribunal de justicia. Para fiscalizar la administración se implantó la figuran francesa del intendente, que desempeñaba entre otras funciones las de Hacienda y además era el alcalde de la capital.

La Hacienda

A raíz de la reforma administrativa se realizó una reforma impositiva. Con motivo de los Decretos de Nueva planta en la antigua corona de Aragón se había establecido el catastro, obra de Patiño en Cataluña a partir de 1714, Talla en Mallorca, Única contribución aragonesa o el equivalente valenciano. Se establecía un cupo anual que debía pagar cada provincia y se repartía su pago de acuerdo a la riqueza agraria, comercial e industrial, sin excepción ninguna. Además los antiguos impuestos pasaron a ser recaudados por la Hacienda real.

Los resultados fueron tan buenos que se intentó implantar en Castilla, sin embargo el proyecto de catastro del marqués de la Ensenada tropezó con la oposición de los estamentos privilegiados, que inundaron la secretaria de recursos y reclamaciones.

Para aumentar los ingresos del Estado La Hacienda se recurrió a los sistemas tradicionales. Se crearon nuevos monopolios y Compañías privilegiadas, se acudió a los estancos, como el del mercurio, tabaco o sal, y se procedió a la emisión de vales reales, creándose en 1782 el Banco de San Carlos. Además en 1763 se introdujo la lotería.

En el último tercio del siglo XVIII se llevaron a cabo diversas medidas liberalizadoras de la economía:

En 1765 se decreto la libertad de precios y circulación para los cereales.
En 1778 se aprobaba la libertad de comercio con la Indias para todos los puertos españoles.
En 1783 se declaró la honradez de todas las profesiones.
En 1790 se dio libertad para ejercer cualquier oficio sin tener que pasar el examen del gremio.

El Ejército y la Marina

Durante el siglo XVIII se acometió una importante reforma de ambas instituciones, que si bien no ostentaría una hegemonía como en siglos pasados, si que permitieron a España situarse a un buen nivel dentro de las potencias europeas.

Felipe V eliminó los tercios, adoptando el modelo francés de regimientos, sin embargo la principal reforma se debe a Carlos III con sus reales Ordenanzas de 1768, que permitieron la creación de un ejército profesional basado en un sistema mixto de levas forzosas y regimientos mercenarios de extranjeros, valones, suizos o irlandeses, totalizando unos efectivos superiores a los 85.000 hombres.

La Marina fue una obra colectiva, donde destaca José Patiño, se crearon tres departamentos marítimos: Ferrol, Cartagena y Cádiz, con arsenales y astilleros en todos ellos, además se creó un cuarto en La Habana donde se construiría el mayor barco de todo el siglo XVIII, el Santísima Trinidad de nada menos que cuatro puentes. A finales de siglo la flota española se encontraba entre las mejores de su época, durante ese siglo se construyeron o compraron 262 navíos y más de 200 fragatas, en total 904 buques de toda clase.

Manifiesto En defensa de los derechos fundamentales en Internet

Ante la inclusión en el Anteproyecto de Ley de Economía sostenible de modificaciones legislativas que afectan al libre ejercicio de las libertades de expresión, información y el derecho de acceso a la cultura a través de Internet, los periodistas, bloggers, usuarios, profesionales y creadores de Internet manifestamos nuestra firme oposición al proyecto, y declaramos que:

1.- Los derechos de autor no pueden situarse por encima de los derechos fundamentales de los ciudadanos, como el derecho a la privacidad, a la seguridad, a la presunción de inocencia, a la tutela judicial efectiva y a la libertad de expresión.

2.- La suspensión de derechos fundamentales es y debe seguir siendo competencia exclusiva del poder judicial. Ni un cierre sin sentencia. Este anteproyecto, en contra de lo establecido en el artículo 20.5 de la Constitución, pone en manos de un órgano no judicial -un organismo dependiente del ministerio de Cultura-, la potestad de impedir a los ciudadanos españoles el acceso a cualquier página web.

3.- La nueva legislación creará inseguridad jurídica en todo el sector tecnológico español, perjudicando uno de los pocos campos de desarrollo y futuro de nuestra economía, entorpeciendo la creación de empresas, introduciendo trabas a la libre competencia y ralentizando su proyección internacional.

4.- La nueva legislación propuesta amenaza a los nuevos creadores y entorpece la creación cultural. Con Internet y los sucesivos avances tecnológicos se ha democratizado extraordinariamente la creación y emisión de contenidos de todo tipo, que ya no provienen prevalentemente de las industrias culturales tradicionales, sino de multitud de fuentes diferentes.

5.- Los autores, como todos los trabajadores, tienen derecho a vivir de su trabajo con nuevas ideas creativas, modelos de negocio y actividades asociadas a sus creaciones. Intentar sostener con cambios legislativos a una industria obsoleta que no sabe adaptarse a este nuevo entorno no es ni justo ni realista. Si su modelo de negocio se basaba en el control de las copias de las obras y en Internet no es posible sin vulnerar derechos fundamentales, deberían buscar otro modelo.

6.- Consideramos que las industrias culturales necesitan para sobrevivir alternativas modernas, eficaces, creíbles y asequibles y que se adecuen a los nuevos usos sociales, en lugar de limitaciones tan desproporcionadas como ineficaces para el fin que dicen perseguir.

7.- Internet debe funcionar de forma libre y sin interferencias políticas auspiciadas por sectores que pretenden perpetuar obsoletos modelos de negocio e imposibilitar que el saber humano siga siendo libre.

8.- Exigimos que el Gobierno garantice por ley la neutralidad de la Red en España, ante cualquier presión que pueda producirse, como marco para el desarrollo de una economía sostenible y realista de cara al futuro.

9.- Proponemos una verdadera reforma del derecho de propiedad intelectual orientada a su fin: devolver a la sociedad el conocimiento, promover el dominio público y limitar los abusos de las entidades gestoras.

10.- En democracia las leyes y sus modificaciones deben aprobarse tras el oportuno debate público y habiendo consultado previamente a todas las partes implicadas. No es de recibo que se realicen cambios legislativos que afectan a derechos fundamentales en una ley no orgánica y que versa sobre otra materia.

La Guerra de Sucesión española. 1702-1714

A finales de siglo XVII dos potencias se disputaban la hegemonía continental: Francia y el Sacro Imperio. En este contexto internacional la más que clara muerte del rey de España Carlos II sin descendencia sería objeto de disputa internacional.

Dos eran los posibles pretendientes y sucesores del monarca español. Por una parte el archiduque Carlos de Austria, segundo hijo del emperador Leopoldo I, el cual aseguraría la continuidad de la casa de Habsburgo en el trono peninsular. El otro pretendiente era el príncipe Felipe de Anjou, nieto de Luis XVI y de la infanta española María de Austria, hermana de Felipe IV. Esta opción suponía una total inversión de las política española desde tiempos de Fernando el Católico, además de la llegada de una nueva dinastía.

Tras numerosas intrigas de corte, donde destacan las figuras del conde de Oropesa o del cardenal Portocarrero, Carlos II finalmente declaró como su legítimo heredero, poco antes de su muerte el 1 de noviembre de 1700, al príncipe francés. Se creía que de esa manera sería posible mantener la integridad de la monarquía y acabar con el constante peligro de la poderosa Francia, Luis XIV ya había firmado anteriormente dos acuerdo de reparto de los territorios europeos con otras potencias y desde 1659 las sucesivas guerras con Francia habían terminado en paces desfavorables. De todas formas la designación de Felipe tenía dos limitaciones, por un lado que las coronas de España y Francia no debían unirse nunca en la misma persona y por otro la obligación de preservar la integridad territorial de las posesiones españolas.

Inicialmente nadie, ni a nivel nacional ni internacional, salvo Austria se opuso a la designación de Felipe V como rey de España. Pero pronto las potencias europeas recelaron del inmenso poder que suponía la unión de las que habían sido las dos mayores potencias continentales de los últimos siglos, si bien no en la misma persona si perteneciendo a la misma dinastía, la casa de Borbón. Así en 1701 se constituyó la Gran Alianza de La Haya, formada por Austria, Inglaterra, Países Bajos y Dinamarca. Posteriormente se unieron a ella Portugal, Prusia y Saboya, pese a que el duque de esta última era suegro del nuevo monarca español. En 1703 los miembros de la Gran Alianza declararon la guerra a Francia y España, iniciándose la Guerra de Sucesión española. En 1703 el archiduque Carlos de Austria fue proclamado solemnemente en Viena rey de España con el título de Carlos III.




En el plano internacional la Guerra de Sucesión fue un conflicto bélico que unió a casi toda Europa contra Francia y las posesiones españolas. Pero en España supuso un enfrentamiento entre los Estados de la Corona de Aragón, que pese a haber reconocido formalmente a Felipe V como su legítimo rey, tras jurar este frente a las correspondientes cortes, prefirieron cambiar de monarca y pasarse al bando austriaco, y la Corona de Castilla que permaneció fiel y leal a su rey, incluida Navarra.

Las primeras batallas se produjeron cuando las tropas austriacas atacaron las posesiones españolas en Italia, a donde se trasladó en persona el nuevo monarca. Por su parte Francia decidió atacar el corazón del imperio, pensando que las tropas de la Gran Coalición se encontraban ocupadas en el Norte de Italia y en el Flandes español. Sin embargo, los franceses fueron derrotados en 1704 en Blenheim por un ejército al mando del duque de Malborough. Además en 1706 tras la derrota de Ramillies se perdía el control sobre Flandes. No fueron mejor las cosas en Italia donde tras unos limitados éxitos hispano-franceses se perdía el ducado de Milán y hasta el reino de Nápoles.

A nivel interno las cosas comenzaron a cambiar en 1704, una flota anglo-holandesa al mando del almirante británico Rooke desembarcaba un ejército en Lisboa, además ese mismo año ocupaban la plaza de Gibraltar en nombre del rey de España, Carlos III. Al año siguiente, 1705, un ejército aliado desembarcaba en Valencia y Cataluña que se rebelaban contra Felipe V, el cual desembarcaba en Barcelona entre los vítores de sus nuevos súbditos. En 1706 también cambiaban de bando Aragón y Cataluña. Las razones para esta traición habría que buscarlas en el marcado carácter anti francés de toda la Corona de Aragón, enemigos tradicionales desde el siglo XII y en el hecho de que en 1706 la guerra parecía que tomaba un marcado rumbo a favor de las armas austriacas. Por su parte Castilla y Navarra permanecieron fieles al rey.




En 1706 dos ejércitos aliados, uno operando desde Portugal y el otro desde Aragón consiguieron hacerse con el control temporal de la capital, Madrid, a donde llegó el archiduque Carlos que tomo posesión oficial del Real Alcazar. Pero al año siguiente las tropas hispano-francesas al mando del duque de Berwick derrotaban decisivamente a los aliados en Almansa, lo que suponía la pérdida por parte de los austriacos del dominio de Valencia y Aragón, además ambos reinos vieron desaparecer sus fueros, privilegios, leyes e instituciones “por el rebelión que cometieron”, según reza textualmente en el Decreto de Nueva Planta firmado por el rey. A partir de entonces la guerra a nivel nacional se decantaba a favor de las armas españolas. Se producían las victorias de Brihuega y en 1710 la de Villaviciosa.




Sin embargo el final de la guerra se produciría como consecuencia de acontecimientos ocurridos fuera de España que nada tenían que ver con lo militar. En 1705 moría el emperador Leopoldo I, sucediéndole su hijo José I que moriría sin descendencia en 1711, su sucesor fue su hermano, el archiduque Carlos. Esta nueva situación hizo que Inglaterra en primer lugar, y el resto de aliados perdiesen el interés en defender los derechos de Carlos III. Ya no se trataba de evitar una hegemonía de la casa de Borbón, sino favorecer la aparición de ni más ni menos un nuevo siglo presidido por un poderosísimo emperador de Austria, la reedición de la época de Carlos V. Así los contendientes concluyeron en primer lugar la paz de Utrech en 1713 y posteriormente la paz de Rastatt en 1714.

Las consecuencias de esta guerra fueron tan importantes que marcarían el transcurso de todo el siglo XVIII al establecer un nuevo mapa europeo. Los grandes beneficiados fueron Austria e Inglaterra. La primera se quedó con la mayor parte de los territorios europeos de la monarquía hispánica el Milanesado, Flandes, Nápoles y Sicilia. Inglaterra obtuvo Gibraltar, Menorca y Terranova, pero sobre todo la exclusividad en el Asiento de Negros, es decir el monopolio del tráfico de esclavos con la América española, y la autorización para enviar un navío para comerciar con las Indias, el navío de permiso. Saboya recibió como premio una importante ampliación territorial, incluida la isla de Cerdeña y el título de rey para la casa reinante.



Sin duda la gran perjudicada fue la Monarquía hispánica. La pérdida de sus posesiones europeas y las concesiones económicas hicieron que España se convirtiese en el siglo XVII en una potencia que nunca más pudo recuperar su posición de antaño. A nivel interno los cambios fueron profundos e importantes. La rebelde Corona de Aragón vio desaparecer completamente todos sus privilegios políticos y económicos, para ser administradas exactamente igual que Castilla. En España además se implantó el modelo francés tendente al absolutismo monárquico.